Se ha escrito y dicho por doquier que el sistema de acumulación capitalista no será el mismo después de la cuarentena global que desaceleró la actividad productiva, de comercio y consumo en las que éste se basa; la dimensión temporal del sistema productivo muestra toda su relevancia para el proceso de acumulación, cuestión largamente descripta, discutida y criticada, pero también encumbrada en los análisis sobre la globalización, en autores de todo el espectro ideológico desde Urry, Bauman, Held y Beck a Krugman, Wolf o Friedman. Conceptos e ideas clásicas, como la velocidad de rotación del capital de Marx, o la necesidad de un intercambio liberado de toda restricción y a escala planetaria, reclamado largamente por el liberalismo económico, revelan la importancia que para esta forma de organización social tiene la dimensión temporal, traducida en velocidad, deslocalización, financiarización y, naturalmente, productividad. Hemos asistido, en las últimas décadas, al proceso de eliminación del espacio por el tiempo, advertido por Harvey en los ´90. La etapa actual, caracterizada como un capitalismo informático-global (A. Dabat, 2002), para referirse a sus dos componentes centrales: las nuevas tecnologías y la cobertura espacial total del planeta por la lógica del sistema (al menos de los espacios geográficos y las poblaciones “relevantes” desde el punto de vista de la valorización capitalista), revelaron un nuevo momento histórico que emerge como una “era disruptiva” o de transformaciones exponenciales en relación a la velocidad y profundidad del cambio tecnológico, tan frenético que grupos humanos enteros se consideran “integrados” por su capacidad de asimilar e incorporar dichas transformaciones, se está “adentro” si se “dominan” ciertos dispositivos tecnológicos, sus lenguajes y funcionalidades. En estos términos se habla de la “cuarta revolución industrial” (Foro Económico Mundial, 2016) caracterizada por tecnologías que profundizan y sobrepasan las barreras de la computarización y la automatización ocurridos a partir de mediados de siglo XX (revolución digital o tercera revolución industrial), las nuevas invenciones están haciendo porosas las barreras o líneas divisorias entre el mundo físico tradicional, el biológico y el digital. En las nuevas industrias 4.0 estos tres ámbitos colaboran intercambiando flujos de información de carácter horizontal, los sistemas ciberfisicos se comunican entre sí y con los humanos dando lugar a nuevas formas de producción y organización del trabajo que aceleran la descentralización en la toma de decisiones. Esta posibilidad viene dada por la capacidad inédita de procesar y compartir volúmenes masivos de datos. Por extensión, asistimos a modificaciones en el mundo del trabajo, no solo en las competencias y habilidades requeridas y en las formas de organizar la producción de bienes y servicios, sino también en los canales y medios para consumirlos. Ya no basta con la obtención de competencias laborales formales (título habilitante), se requieren habilidades “blandas” de adaptación y flexibilidad para desempeñarse en el nuevo mercado laboral o el del autoempleo. Además, y esto es todo una novedad del siglo XXI, se requieren destrezas especiales para ingresar en ciertos canales de consumo que van más allá del mero poder de compra (aunque lógicamente están ligados al mismo) y se asientan exclusivamente en medios electrónicos de intercambio. Fenómenos que se acentuarán irremediablemente luego de la pandemia del Coronavirus. En términos sociales, está claro que las desigualdades, brechas y diferencias de todo tipo, tenderán a profundizarse y este no es un dato menor para quienes vivimos en la zona más desigual del mundo. Si la complejidad y la incertidumbre, basadas en nuevas formas de experimentar el complejo espacio-temporal (su gran compresión) es la marca indeleble de nuestra condición posmoderna desde el punto de vista del cambio cultural (D. Harvey. 1990), el Coronavirus y su posterior crisis, definitivamente nos desliga de un mundo con alguna pretensión de estabilidad y relativa previsibilidad como base para la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida. En este marco, la pandemia debe ser vista como un hecho inédito por afectar simultáneamente a la totalidad de las dimensiones en que podemos analizar lo social, es decir, un “hecho social total” (M. Mauss, 1924) y ha provocado algo impensado hasta hace muy poco tiempo, el retorno de la centralidad estatal a la hora de reorganizar la sociedad, y este es el tema en que nos interesa detenernos para, desde allí, interrogarnos sobre ¿Cómo repensar la estatalidad para incorporar las transformaciones que impone de la cuarta revolución industrial? ¿Cómo ser capaces de procesar esta complejidad e incertidumbre creciente en el accionar gubernamental?

 

 

Según un conocido texto de N. Lechner (1997) existen tres formas básicas de coordinación social, es decir, de organización de lo social. Una es la coordinación política, donde el Estado es el mega articulador social, típico de la fase de Estado de Bienestar. Esta coordinación de tipo jerárquica, centralizada y pública que hasta la década de los ´80 era claramente identificable comienza a enfrentar serios obstáculos de implementación de las decisiones, de motivación en sus cuadros ejecutores, de conocimiento y de complejidad en sus diseños. En pocas palabras, se vio rebasada por el avance del capitalismo y las tecnologías que pusieron en crisis el ejercicio clásico de soberanía estatal. Tanto “hacia arriba” con el surgimiento de bloques económicos (acuerdos de libre comercio, MERCOSUR, UE, etc.), como “hacia abajo” con el resurgimiento de los localismos (regionalización, subnacionalizaciones, municipalización), como “hacia los lados” con el avance del sector privado (privatizaciones, laterizaciones, etc.), el viejo Estado Nación vio socavada su soberanía y con ello, sus capacidades regulatorias clásicas. Otra forma de regulación social, es el más controvertido modelo de Redes, sus características centrales son la horizontalidad de los vínculos, la cooperación ente actores que se reconocen con capacidades, recursos y racionalidades acotadas para el logro de sus objetivos, este modelo se registra parcialmente en nuestras sociedades y, por lo general, es exclusivamente temático. No reemplaza a los otros modelos sino que se integra de diferentes formas y con diferentes matices, es deudor de una sociedad civil fuerte en un contexto de profundización de la democracia. La “conducción” en el sentido de influir deliberadamente en los procesos sociales, sigue siendo en principio la función específica del sistema político-administrativo en todos sus niveles, pero la transformación que este modelo representa pasa por las nuevas formas en que el Estado intenta cumplir dichas tareas. El tercer modelo de coordinación social es el basado en el Mercado, dicho esquema plantea que son los agentes económicos y las decisiones individuales las que permiten un correcto funcionamiento de nuestras sociedades. Este es el modelo de coordinación predominante, que si bien mostraba señales de agotamiento en varias áreas, su hegemonía era difícil de disputar hasta la actual crisis. Cabe la pregunta obvia de si volveremos a la situación de articulación social Estado-céntrica, más aun ¿esto nos llevaría nuevamente a una reedición del Estado Benefactor? Temo que la respuesta es negativa por un largo listado de fenómenos y situaciones, bastará aquí con decir que la sociedad se ha transformado profundamente en comparación a la situación de posguerra como mencionábamos anteriormente. Lo que si es cierto es que el Estado, como instancia que regula, representa y conduce, ha recobrado su centralidad, entonces ¿cómo será esta vuelta al centro de la escena de la racionalidad estatal en medio de la cuarta revolución industrial?

 

 

Este reposicionamiento del Estado reclama diferenciar bien cuatro caminos o trayectorias posibles que podemos avizorar. La primera, es el retorno sin más al Estado de Bienestar, situación que como dijimos ignora los profundos cambios ocurridos en nuestras sociedades y en especial en el sistema de acumulación social que impacta en las características del mundo del trabajo. La sociedad salarial está diluida, el movimentismo sindical fragmentado y el pleno empleo es un bello recuerdo. Tampoco contamos con el relativo aislamiento de las economías y las cadenas productivas nacionales de aquel momento. La aplicación de políticas Keynesianas, si bien viables, deberán pensarse en un contexto donde se podrán adoptar medidas de emergencia como subsidios, créditos a tasa subsidiada, congelamiento de precios, prohibición de despidos, postergación de vencimientos de servicios o tributos, pero a la larga, todas estas medidas son de emergencia y no resuelven el verdadero problema subyacente: la imposibilidad de que el Estado (nacional, provincial o municipal) pueda afrontar, con su actual estructura de ingresos y gastos, el nivel de intervención necesario en los diferentes planos de la vida económica y social (Oszlak, 2020). La segunda posibilidad, es la emergencia de lo que podríamos llamar un “Estado Asistencial”, fundado en el abordaje selectivo de grupos y sectores con herramientas de emergencia que tratan de sobrellevar la situación de crisis hasta que ésta se revierta. Este esquema no provocaría ninguna transformación de fondo, sino que simplemente “contiene” a los más perjudicados, sin alterar sus realidades, para retornar lo antes posible a la situación anterior a la crisis. Tampoco se asistiría a una transformación en los mecanismos de distribución, ni del soporte operativo necesario para llevarlas a cabo, ya que se trataría de una simple extensión (aunque extraordinaria por su costo y alcance) de las medidas y los mecanismos convencionales de asistencia social. La tercera variante, podría estar representada por una configuración estatal que incorpora fuertemente las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial y genera dispositivos de vigilancia poblacional, los cuales se basan en su efectividad para detectar situaciones consideradas “peligrosas” o “sospechosas”, hemos visto como la contención de la pandemia basada en dispositivos tecnológicos ha sido, hasta ahora, efectiva en algunos países asiáticos. Esta posibilidad, sin embargo, descansa en el repliegue de derechos individuales que sustancian los modelos democráticos occidentales. Aquí parecería que las virtudes del régimen político no determinan el resultado de las políticas aplicadas para contener cierto “mal”. El avance de esta tendencia, muchas veces enmascarada de anti-política, es realmente preocupante para América Latina donde además de la actual crisis sanitaria y social existen otros “miedos sociales” reales donde apoyar esta posible configuración estatal, piénsese en la inseguridad urbana (asociada o no al narcotráfico) y las recurrentes crisis económicas de la región. El cuarto camino, más incierto aun pero también el más deseable, podría basarse en un formato Estatal que muchos autores vienen proponiendo bajo el nombre de “Estado Red” o Estado Relacional (M. Castells, 2002 L. Bresser-Pereira, 1999), fundado en este nuevo corrimiento en la división del trabajo entre estado y sociedad, donde el primero asume nuevas funciones y competencias ante el repliegue de las fuerzas del mercado. Actúa basado en la profundización de la racionalidad democrática en una arena pública altamente participativa y de demandas de rendición de cuentas, eficiencia y eficacia de las políticas implementadas. El cual es acompañado por un nuevo modelo de gestión, el “Estado abierto”, que hace hincapié en la publicitación del accionar gubernamental basado en el empleo de TICs y la incorporación constante de innovaciones sociales como resultado de un proceso de co-creación pública. Un componente esencial para dar nacimiento a esta posible configuración estatal, pasa por lo que podríamos llamar una re-contextualización la visión de derechos, junto a la capacidad reguladora del proceso social en la que se basó la experiencia histórica del Estado de Bienestar (Popper, 1956). Dichas instituciones, fuertemente debilitadas durante los últimos lustros por el imperativo neoliberal de la austeridad, están mostrando sus consecuencias negativas ante el avance de la pandemia en países como Italia, España o Francia. Se escuchan voces de las más variadas que reclaman volver a invertir en lo público, pero ¿bastará simplemente con modificar el cuadro de inversiones? ¿Cuáles son los derechos a garantizar en el siglo XXI? ¿Habrá que crear nuevos derechos? ¿Qué instrumentos de gestión pública se deberán generar para que la ciudadanía acceda a ciertos derechos en este contexto? ¿Cuál es el rol de “lo digital” en el ejercicio de una ciudadanía plena? ¿Qué y cómo regular en la cuarta revolución industrial? Más allá de estos interrogantes, hay algo que sabemos, el futuro ya no puede ser entendido como una mera extensión del presente y ello vale para nuestros Estado y nuestras Administraciones Publicas.

 

 

Llegados a este punto es necesario acordar sobre cómo es nuestro Estado hoy en día, su tamaño y características, para desde allí poder repensarlo. Tema muy polémico y empleado como punta de lanza del debate de aquellos que pregonan por el modelo de Estado mínimo y coordinación social vía mercado. Proponemos desarrollar el debate desde este necesario punto de partida que plantea Oszlak: en el fondo, más que una cuestión de "hipertrofia" estatal, se trata de un problema de "deformidad”. Una deformidad evidenciada cuando se observa que, del lado de los ingresos, la estructura tributaria es regresiva, con impuestos indirectos que superan largamente en magnitud a los directos, desafectando a la riqueza, los patrimonios o las rentas especulativas. Y, del lado de los gastos, cuando observamos que el presupuesto de recursos humanos no guarda equilibrio con las inversiones de capital o los gastos de funcionamiento. O que falta personal esencial en ciertas actividades especializadas y sobra en otras totalmente superfluas. O que existen enormes diferencias salariales entre funcionarios que realizan tareas de similar nivel (Oszlak, 2020). Atacar la deformidad del Estado es clave para abordar los nuevos desafíos en la cuarta revolución industrial, acelerada por la pandemia y la necesidad de dar respuesta a los desafíos actuales y del futuro inmediato. Asistiremos sin duda a un proceso de reforma estatal que hará mas fuerte los proyectos nacionales, ya que se han corrido los acuerdos de división del trabajo entre Estado y sociedad, pero ello no garantiza el quiebre del modelo neoliberal ni el peligro de reagrupamientos autoritarios. En la post-pandemia, para inclinar la balanza hacia una sociedad más justa y democrática, estaremos obligados a desarrollar capacidades de gestión en los siguientes campos decisivos. En primer lugar, como decíamos anteriormente, debemos rescatar y actualizar el enfoque de derechos, vapuleado en los últimos años por el avance del modelo neoliberal de las oportunidades y la meritocracia. Para poder tomar las oportunidades que ofrece el nuevo mundo, las personas deben gozar de un piso de dignidad simbólica y material que hoy no está garantizado, esto implica reforzar y jerarquizar los sistemas públicos de educación, salud, movilidad, vivienda y cultura, entre otros. El Ingreso Universal Ciudadano puede ser una poderosa herramienta en esta línea. Pero junto a estas esferas de derechos, que podríamos llamar clásicas, emergen de manera decisiva otras (algunas ya incluidas en lo que se conoce como “derechos de tercera y cuarta generación”) que hace tiempo bregan por su materialización definitiva, es insoslayable la necesidad de cerrar las brechas digitales, avanzar en lo que respecta a la justicia espacial, los derechos ambientales, de género, entre otros. Achicar las brechas abiertas por el neoliberalismo se impone, y no solo las tecnológicas, aunque éstas asociadas a una educación pública de calidad, constituyen un aspecto fundamental de la estructura de las desigualdades en la actualidad (T. Piketty, 2018). La aplicación de planes y programas concretos y con esquemas de evaluación cuanti y cualitativos, abiertos a la ciudadanía, son imperativos en un área de trabajo que no se agota en la entrega gratuita de ordenadores. El acceso a las tecnologías constituye, en el siglo XXI, la posibilidad misma de ejercer derechos. Para lo anterior, necesitamos un Estado y una Administración Publica con capacidad de regulación de las nuevas tecnologías. Regulación no para limitar, sino para administrar y garantizar acceso ¿Sera posible hablar de soberanía digital, en un mundo donde se desaceleran y reconfiguran algunos componentes del proceso globalizador? La reforma de las estructuras tributarias, con sentido progresivo, debe dotar de los recursos necesarios para las tareas a emprender, regular el capital y establecer sistemas de compensación multinivel más equitativos, y factibles de adaptarse a los cambios de los ciclos económicos, es imperativo. Otro elemento a incorporar definitivamente en las políticas de desarrollo socio-productivo es la visión territorial, superadora de enfoques sectoriales y funcionales. El territorio como orientador de las acciones implica la incorporación simultánea y concurrente de 4 elementos al diseño de las políticas públicas: desarrollo económico + sostenibilidad ambiental + cohesión territorial + gobernanza democrática. Pero estos axiomas básicos, entre otros posibles, quedarán solo en buenas intenciones si no son acompañados por una reforma de la Administración Publica, es decir, del aparato organizacional que de soporte y operatividad al enorme desafío. En el caso argentino, donde el Gobierno Nacional tuvo una rápida reacción ante la pandemia, hemos visto sin embargo, como esta voluntad política estuvo contrarrestada por escasas capacidades de gestión en algunas áreas claves que dificultaron la implementación de medidas a tiempo, desnudando procesos de trabajo desajustados a los tiempos que corren y a las necesidades de la sociedad a la cual se deben1 . En nuestra Administración Publica subsisten áreas que ni siquiera han atravesado exitosamente por modelos burocráticos weberianos.

 

 

Necesitamos que la administración pública, en sus tres niveles, ingrese al siglo XXI. La pandemia y sus consecuencias socio-económicas, acelera el imperativo. El riesgo, como decíamos anteriormente, es ir solucionando los problemas que enfrentamos basados exclusivamente en mecanismos de emergencia, sin generar ningún aprendizaje y contentarnos con un modelo reactivo a la crisis como base de un Estado Asistencial que será fácil de asociar a reagrupamientos neoliberales en esquemas más o menos autoritarios. Para trazar el camino deseado, ofrecemos a modo de guía general, 3 puntos básicos sobre los que el nuevo modelo de gestión pública deberá trabajar para construir esta posibilidad: 1. Incorporación a la administración gubernamental de las nuevas tecnologías, esto es básicamente: Big-data, internet de las cosas, robotización y Blockchain. Sus aplicaciones son tantas y de tan variado alcance que constituyen una verdadera revolución en la prestación de servicios públicos. Algo de esto vimos en la capacidad de China para abordar la pandemia, nuestro desafío es poner dichas tecnologías en dialogo con una sociedad fuertemente democrática y de respeto de las libertades colectivas e individuales. La orientación de estas tecnologías, es decir, su politización, es un componente ineludible. 2. Desarrollar formas de compensación a las transformaciones en el mundo del trabajo. El aumento en la productividad de la cuarta revolución industrial demandará diseñar arreglos compensatorios en el mundo del trabajo, que redistribuyan el aumento marginal de la productividad. Algunos ejemplos en desarrollo, para el caso de la robotización en la administración pública, pueden ser: la modificación y/o reducción de la jornada laboral, el teletrabajo, extensiones en el sistema de vacaciones y de licencias, rotaciones funcionales, entre otros. 3. Mejorar el conocimiento sobre la producción pública. Es necesario que cada organismo gubernamental pueda definir claramente el valor público que genera, que sea capaz de medirlo y evaluarlo (J. Hintze, 2002), saber cómo se gasta, cómo planificar y formar a las 1 Dos ejemplos recientes son: la fallida compra publica del Ministerio de Desarrollo Social que, más allá de los sobre precios de algunos intermediarios inescrupulosos, muestra la supervivencia de disfuncionalidades burocráticas profundas, contamos con un sistema de compras públicas ajustado a la primer revolución industrial! Otro ejemplo, más complejo, es la propuesta de créditos especiales para PYMEs cuyo fondo de garantías navegó en las tempestuosas aguas de ministerios y organismos durante un tiempo inaceptable. dotaciones de personal necesario frente al desarrollo técnico. Será clave la capacidad de atraer y retener aquellos recursos humanos indispensables para las funciones requeridas. Es evidente que en el contexto descripto, y más allá de estos tres puntos señalados, la innovación es la condición necesaria para el abordaje de la complejidad social y, en este campo, las propuestas sobre la transformación del Estado y la Administración Pública son extensas en su desarrollo teórico, aunque mucho más discretas en lo que respecta a las implementaciones exitosas, de todos modos, hay un vasto camino de análisis en el cual basarse para generar las transformaciones necesarias. El modelo de Estado Abierto, donde se pasa de un accionar basado en la norma a un Estado donde innovar es la norma (R. Grandinetti, 2018), entendemos que es una importante clave. Se lo describe como el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incluyendo a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas, para fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo (CLAD, 2016). Esta propuesta es válida, no solo por recoger un largo camino de innovaciones y transformaciones, sino porque a la vez que resitúa el imperativo de innovación en el contexto de la hiper-velocidad del cambio tecnológico, la complejidad y la incertidumbre, incorpora valores democráticos como condición de posibilidad de la misma. Sabemos por dónde avanzar. ¿Seremos capaces de atender lo importante, más allá de la urgencia? La coronacrisis muestra nuevamente la necesaria centralidad del Estado para retomar el sendero de una sociedad más igualitaria, situación que deberá ser acompañada de una Administración Publica acorde, que evite el naufragio a manos de las fuerzas del status quo o el maquillaje de reformismos sin transformación, Beradi (2020) desde uno de los centros mundiales de la pandemia nos alienta: El virus es la condición de un salto mental que ninguna predica política habría podido producir. La igualdad ha vuelto al centro de la escena. Imaginémosla como el punto de partida para el tiempo que vendrá.

 

 

Bresser Pereira, Luiz Carlos. 1998. Una Nueva Gestión Pública para América Latina. CLAD Castells, Manuel. 2012. Redes de indignación y esperanza: los movimientos sociales en la era de Internet. Madrid: Alianza. Dabat, Alejandro 2002. Globalización, capitalismo actual y nueva configuración espacial del mundo. En “Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI” de Basave, Dabat, Morera, Rivera y Rodríguez. Grandinetti, Rita. 2018. Innovación en la gestión pública: más allá y más acá del gobierno abierto. Revista Estado Abierto Vol. 2, Nº3 Harvey, David. 1990. La condición Posmoderna. Amorrortu Ediciones. Hintze, Jorge 2002. Capacidad institucional y profesionalización: el enfoque orh. Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública Nº 42, La Plata. Lechner, Norbert 1997. Tres formas de coordinación social. Revista de la CEPAL Mauss Marcel. 1924. Ensayo sobre el don. La forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas Oszlack Oscar. 2020. El Estado en la guerra contra el coronavirus. Diario La Nacion 31 de marzo de 2020 Popper, Karl. 1956. La sociedad abierta y sus enemigos. Pidos. Schwab Klaus. 2016 La cuarta revolución industrial. Foro Económico Mundial.